Luis Manuel Ferreras
Desde hace algún tiempo, las calles de Santo Domingo han sido invadidas por una cantidad desproporcionada de motocicletas que, al parecer, ingresan al país sin una planificación ni un control adecuados. Su proliferación desordenada ha transformado el tránsito en un escenario cada vez más caótico y peligroso.
Este fenómeno se agrava por la aparente ligereza con la que las empresas importadoras colocan estos vehículos en el mercado. En muchos casos, las motocicletas son vendidas sin mayores requisitos, quedando en manos de cualquier persona que solicite una unidad, sin garantías mínimas de capacitación o responsabilidad vial.
Lejos de corregirse, el problema ha sumado un nuevo capítulo en las últimas semanas con la llegada masiva de patinetas, bicicletas y motores eléctricos. En este caso, la situación resulta aún más delicada, ya que, según expertos, estos medios de transporte pueden adquirirse y conducirse sin necesidad de licencias o permisos formales, como ocurre con los vehículos tradicionales.
Las principales avenidas y calles secundarias se han visto ocupadas por conductores de todas las edades, mientras las autoridades parecen actuar con pasividad ante un vacío normativo que impide una fiscalización efectiva del uso de estas nuevas tecnologías de movilidad.
Un ejemplo reciente ocurrió en un sector de Santo Domingo Este, donde se intentó realizar un rally o exhibición de estos vehículos, actividad que fue impedida por la Policía local. La intervención generó críticas y acusaciones de violación a preceptos constitucionales relacionados con la libre circulación, evidenciando la falta de claridad legal en torno a este tema.
El momento de corregir esta situación es ahora. Es necesario definir responsabilidades y establecer reglas claras. Si bien no resulta imprescindible exigir licencias de conducir para estas alternativas de transporte, su uso debería limitarse a espacios recreativos o zonas controladas, y sancionar su circulación junto al parque vehicular tradicional.
La licencia no es solo un permiso para conducir, sino una autorización para circular en las vías públicas. Ese derecho debe estar indisolublemente ligado a la responsabilidad y, sobre todo, a la seguridad de todos.
